Oxfam condena energéticamente el asesinato de Nelson García, la
segunda persona defensora de los derechos indígenas asesinada en menos
de dos semanas. La violencia en contra de esta comunidad es escandalosa,
imperdonable, y debe terminar.
García había apoyado a la comunidad indígena Lenca de Río
Chiquito, cuyos integrantes estaban siendo desalojados de sus tierras
del sector Río Lindo en Cortés, y unos atacantes le dispararon. Es el
segundo integrante de COPINH (Consejo Cívico de Pueblos Indígenas de
Honduras) asesinado en el mes de marzo. La cofundadora COPINH y ganadora
del Premio Goldman, Berta Cáceres, fue asesinada el 3 de marzo. Cáceres
lideró la oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca previo a su
muerte.
El banco holandés de desarrollo FMO y el FinnFund de Finlandia han
anunciado que suspenderán sus operaciones en Honduras, incluyendo pagos
pendientes al proyecto de Agua Zarca.
Las acciones de FMO y FinnFund son necesarias y bienvenidas, pero no
son suficientes. Solo el retiro definitivo e inmediato de parte de todos
los inversionistas ayudará a ponerle freno a la violencia y le dejará
claro a las autoridades hondureñas que los ataques contra los defensores
de los derechos humanos deben terminar.
Oxfam ha puesto en marcha una campaña pública exigiendo
a todos los inversores internacionales, incluyendo también el Banco
Centroamericano de Integración Económica y el partenariado alemán
Voith-Siemens, que se retiren inmediatamente del proyecto.
Oxfam también les exige a las autoridades hondureñas que protejan a
la familia de Cáceres, a otros miembros de COPINH, y al activista
Gustavo Castro de México, quien resultó herido durante el atentado
contra Cáceres. Al ser el único testigo, Castro sigue en Honduras donde
se espera que testifique frente a las autoridades.
La campaña también urge a las autoridades de Honduras a poner en
marcha una investigación independiente del asesinato bajo la supervisión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que los
culpables sean llevados ante la justicia y que este ciclo abominable de
violencia termine.
De acuerdo con Territorio Común, 2.500 millones de personas dependen
de las tierras de comunidades que se hallan bajo el ataque concertado de
poderosas élites e inversores. En un informe publicado por Oxfam y
otras organizaciones socias participantes en la campaña Land Rights Now
se describe cómo las comunidades locales tienen garantizados sus
derechos sobre tan solo el 20% de estas tierras y, por tanto, son
altamente vulnerables al acaparamiento de tierras y abusos relacionados.
El informe también evidencia que Honduras es uno de los países más
peligrosos para los activistas pro derechos sobre la tierra. Desde 2002,
casi mil activistas a favor de los derechos sobre la tierra han sido
asesinados en todo el mundo.
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